La propuesta de Trump de poner fin a las estadísticas raciales echa por tierra los logros del movimiento por los derechos civiles, conseguidos con tanto esfuerzo
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por Ricardo Henrique Lowe, Jr.
Mi etapa como profesor en la Universidad de Texas en Austin terminó hace seis meses, cuando mi departamento, el de Estudios Africanos y de la Diáspora Africana, fue objeto de una propuesta de supresión a instancias de la administración Trump.
Antes de mi partida, fui objeto de ataques por parte de medios conservadores locales debido a mis enseñanzas sobre raza y etnia desde el punto de vista estadístico.
En su opinión, la estadística no era más que un conjunto de ecuaciones estocásticas que no tenían cabida en la «política de identidades». Utilizarlas para comprender la estratificación racial se consideraba algo no empírico, pseudocientífico y demasiado «progresista» para su nueva visión de la universidad típicamente estadounidense.
Esta condena de las estadísticas raciales ha llegado ahora al Registro Federal. Al parecer, la Administración Trump se ha dado cuenta de repente de que la raza es una construcción social y ahora está utilizando este hecho como arma para justificar la eliminación de las preguntas sobre raza y origen étnico del censo de 2030.
La motivación que subyace a esta propuesta no está vinculada a ningún esfuerzo serio por erradicar la estratificación racial en la sociedad. Tal y como señala el estadístico social Tukufu Zuberi, «desracializar» las estadísticas sin un esfuerzo consciente por desmantelar la estratificación racial sería como«poner el carro delante del caballo».
Por el contrario, la propuesta parece formar parte de un esfuerzo más amplio por echar por tierra los avances sociales, respaldados por datos estadísticos, logrados gracias al movimiento por los derechos civiles.
Por ejemplo, el pasado verano, la Administración Trump instó a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) a que dejara de recopilar datos demográficos sobre la discriminación en el ámbito laboral, alegando que dichos datos eran contrarios al mérito, constituían una discriminación inversa y eran inconstitucionales. En realidad, estos datos existen con el único fin de supervisar el cumplimiento de las disposiciones contra la discriminación establecidas para el ámbito laboral, tal y como se especifica en la Ley de Derechos Civiles de 1964.
A partir de los datos de la EEOC, los investigadores han descubierto que las mujeres negras parecen ser más propensas a sufrir una doble discriminación en el lugar de trabajo por motivos de raza y género, y que son las que menos se han beneficiado de las políticas de igualdad de oportunidades en comparación con sus homólogos blancos, tanto hombres como mujeres. Estos hechos revisten especial importancia a la luz del despido masivo de más de 95 000 empleadas federales negras el año pasado , bajo la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk.
El hecho de que las preguntas sobre raza y origen étnico del censo estén dirigidas a un público específico tiene un efecto aún más amplio.
Un análisis más detallado de la propuesta revela que los responsables de la administración Trump interpretan la raza y el origen étnico como «características personales irrelevantes» que desvían al censo de su objetivo prioritario: la distribución de escaños en el Congreso. Sin embargo, las investigaciones demuestran que descartar los datos sobre raza y origen étnico no solo socava la Ley de Derechos Electorales de 1965, sino que puede diluir el poder electoral de los votantes pertenecientes a minorías y proporcionar una ventaja partidista a candidatos menos preferidos. Este último detalle resulta especialmente interesante, dado el número récord de estados que, durante el último año, han adoptado nuevos mapas de distribución de escaños en el Congreso a instancias de la Administración Trump.
Más allá de la votación, la propuesta también pasa por alto que los datos del censo sobre raza y origen étnico sirven como denominadores demográficos fundamentales para varios indicadores sociales. Esto significa que, sin estos datos, las medidas demográficas básicas resultarán imposibles de calcular. A modo de ejemplo, la tasa nacional de mortalidad infantil se sitúa en 5,6 muertes por cada 1.000 nacimientos. Cuando se desglosan por raza, esas mismas tasas se acercan a la impactante cifra de 10,9 muertes por cada 1.000 nacimientos entre los bebés negros y a unas 9 muertes tanto entre los bebés nativos de Hawái y de las islas del Pacífico como entre los bebés indígenas americanos.
A pesar de estos hechos, habrá quien sostenga que las estadísticas raciales ya no son necesarias en una sociedad multirracial y que la creciente diversidad racial hace que estos datos queden obsoletos.
A este respecto, es importante señalar que muchos responsables del censo en toda América Latina utilizaron esta misma retórica para justificar la eliminación de sus propias preguntas sobre raza a mediados del siglo XX. Sin embargo, la eliminación de estas preguntas no hizo desaparecer la desigualdad racial. Un informe de 2018 del Grupo del Banco Mundial revela que casi la mitad de todos los latinoamericanos que viven en la pobreza son de ascendencia africana. Esta observación solo se hizo estadísticamente evidente tras la reintroducción de una variable de raza en los censos nacionales de toda la región.
A medida que se acerca lafecha límitepara presentar comentarios públicos sobre esta propuesta, debemos reconocer una cruda realidad: no vivimos en una sociedad que ignore las diferencias raciales. La campaña para eliminar las estadísticas raciales no nos acerca en absoluto a ese ideal. Por el contrario, permite que la discriminación racial persista sin control, lo que supone una amenaza irreversible para los logros del movimiento por los derechos civiles, conseguidos con tanto esfuerzo.
Ricardo Henrique Lowe, Jr. es demógrafo, antiguo estadístico federal y profesor de estadística racial. Las opiniones y puntos de vista expresados en este artículo son exclusivamente del autor.
